La Defensoría Pública de la Unión actúa en la asistencia y representación legal de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables en Brasil
Fechas de implementación: 2012 – actualidad
Descripción general:
Según la legislación brasileña, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) es la institución creada para, entre otras responsabilidades, promover la más amplia defensa de los derechos fundamentales de las personas necesitadas, cubriendo sus derechos individuales, colectivos, sociales, económicos, culturales y ambientales, siendo admisible todo tipo de actuaciones capaces de brindar su adecuada y efectiva tutela. Su papel de representación de refugiados y solicitantes de asilo se deriva de este precepto.
La DPU actúa en la asistencia y representación legal de solicitantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables en todo el territorio nacional. Trabaja asimismo en litigio estratégico y realiza acciones de incidencia. Conforme la legislación migratoria, es anoticiada de todos los casos de expulsión o deportación, a fin de brindar asesoría y representación legal a las personas migrantes y refugiadas. A su vez, lleva adelante la representación jurídica y el análisis de protección de niños, niñas y adolescentes separados, no acompañados o indocumentados en la frontera, para la entrada en Brasil y la obtención de documentación.
Actividades:
La actividad de la DPU se resume en:
- Asistencia jurídica integral y gratuita.
En el marco del procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada, el Defensor Público participa en la realización de defensas escritas u orales en el momento de la resolución por el CONARE. Asiste a los solicitantes también en las instancias de apelación.
La DPU actúa también en casos penales (extranjeros que han cometido delitos federales) y situaciones de expulsión. En casos en los que se identifican necesidades de protección internacional, la DPU apoya el requerimiento de estatuto de refugiado.
- Promoción de derechos de migrantes y refugiados
La asistencia que brinda la DPU no se restringe a la defensa de los intereses individuales de migrantes y refugiados en el ámbito del procedimiento de RSD administrativo y judicial. El Grupo de Trabajo Migraciones y Refugio de la DPU, integrado por defensores públicos federales de todas las regiones del país, ha buscado articularse para identificar y superar problemas relacionados con el acceso a la educación, la salud y prestaciones asistenciales.
- Rol como observador en CONARE
La DPU participa como observadora en el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE). La participación de la DPU en las reuniones, al igual que la de la sociedad civil, significa una amplia representación de los solicitantes de asilo en el procedimiento administrativo. Esto ocurre en dos momentos diferenciados: a) la reunión previa (denominada GEP), con la participación del cuerpo técnico de los integrantes del órgano, en la que se analizan los informes elaborados por los oficiales de elegibilidad. Y b) en la reunión del CONARE en sí, con sus miembros efectivos, donde aquellos casos destacados en la reunión anterior son discutidos nuevamente. La participación de la DPU, aún como miembro observador con derecho de voz, pero sin derecho a voto, es muy importante, ya que la organización tiene legitimidad en amplia representación y en materia de derecho federal, aun sin poder notarial, pudiendo así representar a cualquier solicitante de asilo, garantizando la equidad del proceso.
- Litigio estratégico
Dada la competencia legal de DPU para representar colectivos, la institución ha sido responsable de un gran número de acciones colectivas principalmente a favor de los intereses de los solicitantes de asilo. En ocasiones, estas acciones supusieron el inicio de procedimientos legales para cuestionar decisiones de las autoridades de asilo (como, por ejemplo, la decisión adoptada durante la pandemia de prohibir el inicio de una solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada a quien cruce la frontera irregularmente) o de otras autoridades (como el acceso a servicios de salud pública, alojamiento y acceso al sistema bancario de personas indocumentadas).
- Representación legal en procedimientos administrativos y judiciales de expulsión.
Con la nueva Ley de Migración de 2017, se amplió el rol de la DPU, estableciéndose la necesidad de comunicación a la DPU en todos los casos de expulsión o deportación para garantizar los derechos de los inmigrantes. Asimismo, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos (Sao Paulo) se creó un grupo de trabajo con el apoyo de la Policía Federal, fiscales federales, defensores públicos, ACNUR, agencias del gobierno federal y municipal, y miembros de la sociedad civil, para evitar posibles casos de devolución. En este caso, cuando existen extranjeros inadmisibles que manifiestan la necesidad de protección internacional, se activa el programa de la DPU para orientar al individuo y evitar su regreso.
- Trabajo en Roraima (acompañando la Operación Acogida)
La DPU acompaña el trabajo de la Operación Acogida (enlace a buena práctica) con defensores públicos en los puestos fronterizos en Roraima. En ese marco, la DPU firmó un Convenio de Cooperación Técnica con el Centro de Estudios Judiciales de Roraima y el Centro Universitario Estácio de la Amazonia con la finalidad de capacitar estudiantes de derecho involucrados en proyecto de prácticas voluntarias y curricular, para la prestación de orientación judicial en el Puesto de Interiorización y Selección de la Operación Acogida (PITRIG) instalado en Boa Vista.
- Niños y niñas no acompañados o separados
La DPU emitió la Resolución conjunta Nº 1 del 9 de agosto de 2017 con el Consejo Nacional de Derechos del niño y el Adolescente (CONANDA), el CONARE y Consejo Nacional de Inmigración (CNIG), en la que se establecen los procedimientos de identificación preliminar, atención y protección para los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados, y le otorga el papel a la DPU como curadora administrativa para fines migratorios de niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados, posibilitando el registro y expedición de documentación para menores de 18 años, especialmente en Pacaraima – la frontera de Brasil con Venezuela –y Boa Vista, en el Estado de Roraima.
- Capacitación de funcionarios públicos
La DPU forma parte del proyecto llamado «Atuação em Rede: Capacitação dos Atores Envolvidos no Acolhimento, na Integração e na Interiorização de Refugiados e Migrantes no Brasil», que busca capacitar a los actores involucrados en el establecimiento de políticas locales para la recepción, el refugio y la integración de las personas refugiadas y migrantes. Este proyecto incentiva la capacitación a los miembros de los comités anfitriones y grupos de trabajo de empleabilidad establecidos en los municipios que participan en los programas de interiorización, gerentes y personal de albergues, funcionarios públicos y organizaciones de sociedad civil involucradas en el alojamiento, refugio e integración de migrantes y refugiados.
- Otras iniciativas de incidencia
- Participación como observadora también en el CNIg;
- Participación en las discusiones de la Ley de Migración (2017) y presentación de contribuciones;
- Participación en eventos internacionales;
- Recomendación al CONARE y al CNIg respecto a la adopción y prórroga de resoluciones normativas sobre la concesión de permanencia por razones humanitarias en casos determinados
La DPU y el ACNUR firmaron un memorandum de entendimiento en abril de 2019 con el objetivo de viabilizar la capacitación y actuación en conjunto. El propósito del acuerdo es contribuir en la efectivización de los derechos de las personas solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas que requieren protección internacional, asegurándoles el acceso a la justicia y una amplia defensa.
En 2012, la DPU y el ACNUR habían firmado un acuerdo de cooperación por primera vez.
Resultados / Impacto:
- La labor de la DPU ha impactado en la mejora del sistema de asilo en su conjunto.
Desafíos en la implementación:
- La asistencia de la DPU a los refugiados se refuerza en un momento en que el flujo de refugiados en el país ha aumentado y la creación de un Grupo de Trabajo específico sobre el tema surge durante este periodo. El papel constitucional de la DPU, junto con su amplia presencia en el país y su capacidad para establecer redes con la sociedad civil, son factores que contribuyen a las buenas prácticas llevadas a cabo por la institución.
- Una mayor cooperación con los organismos internacionales y otras redes de cooperación regional, con la posible colaboración financiera y técnica del ACNUR, y la creación de capacidades con otros funcionarios públicos ayudarán a mantener esta capacidad y a ampliar el tema del derecho de los refugiados.
Socio(s):
DPU
Lecciones aprendidas:
- La especialización de los defensores públicos a través de la creación de un grupo de trabajo sobre temas de refugiados y migración en 2014 impulsó el trabajo de la institución en el tema y fue esencial para permitir actividades estratégicas.
- El trabajo de las redes locales de protección, compuestas por miembros de la sociedad civil, también se considera esencial para la buena marcha de los trabajos. Además, la participación de los órganos de defensa del Estado es fundamental para garantizar derechos básicos, como la labor de identificación y sustento de la documentación de niños, niñas y adolescentes separados, no acompañados e indocumentados que apoya el flujo de refugiados e migrantes de Venezuela en Brasil.
Impacto de la pandemia COVID en la implementación:
- A pesar de la pandemia y de la disminución de las visitas presenciales, el informe de algunos defensores es que el cambio al sistema a distancia, con asistencia inicial y programación por teléfono móvil, aumentó el número de visitas y las demandas en 2020. En particular, hubo una gran demanda de judicialización de los casos relativos a la posibilidad de solicitar asistencia de emergencia de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes asistidos por la DPU.
Utilización del mecanismo del Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo:
No.
Información adicional: